Historia
20 de ago de 2026
El juicio sobre seguridad infantil de Meta podría cambiar más las redes sociales que costarle a la empresa
Veintinueve estados acusan a Meta de ocultar pruebas de que sus plataformas fueron diseñadas para mantener enganchados a los niños, mientras la empresa afirma que se están distorsionando sus investigaciones y su labor en seguridad. La verdadera apuesta podrían ser cambios obligatorios en los productos, no una multa enorme.
El juicio sobre seguridad infantil de Meta enfrenta en el mismo escenario legal dos ideas muy distintas de responsabilidad: los estados sostienen que Facebook e Instagram fueron diseñados para explotar a los usuarios jóvenes, mientras Meta insiste en que el caso convierte un diseño de producto ordinario y salvaguardas imperfectas en prueba de mala conducta.
El caso de los estados se basa en una supuesta ocultación. La subprocuradora general adjunta de California, Megan O’Neill, dijo a los jurados que Meta buscaba “enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y ocultar la verdad al público”.1 Los fiscales señalan investigaciones internas, presuntas fallas a la hora de eliminar usuarios menores de 13 años y funciones como el desplazamiento infinito, las recomendaciones, las notificaciones y los filtros de imágenes. Su argumento es que Meta entendía las vulnerabilidades de los niños, pero priorizó la interacción y los ingresos.
La defensa de Meta es a la vez más limitada y más práctica. Su abogado, Paul Schmidt, afirma que los documentos de la empresa fueron “sacados de contexto y seleccionados de forma sesgada”, mientras que sus estudios estaban destinados a determinar “qué podemos hacer para apoyar a los adolescentes en este espacio”.2 Meta también sostiene que ha desactivado más de un millón de cuentas de menores de edad y desarrollado protecciones antes de que comenzaran las demandas. La disputa central, por lo tanto, no es si los jóvenes enfrentan riesgos en línea, sino si esos riesgos demuestran un diseño deliberado e ilegal.
Las cifras financieras dramatizan el conflicto, aunque quizá no definan el resultado. Meta ha advertido de una posible sanción teórica de hasta 1,4 billones de dólares, mientras que los estados han sugerido que unos 200.000 millones de dólares son más plausibles. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirma que el caso “no es un caso de daños y perjuicios”, sino uno que implica “sanciones civiles, restitución y distorsión”.3
Para los inversionistas, la mayor amenaza es estructural. Los analistas señalan que las restricciones a los algoritmos o al desplazamiento infinito podrían reducir la interacción y debilitar la máquina publicitaria. El litigio podría convertirse en “potencialmente el fin de las redes sociales tal como las conocemos”, advirtió un analista, aunque otro sostuvo que las reformas probables no devastarían a Meta.4 Ese contraste refleja la incertidumbre del juicio: un fallo enorme puede ser descontado, pero un rediseño ordenado por el tribunal podría poner a prueba de forma permanente el modelo de negocio.