La deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 40 billones de dólares, convirtiendo una advertencia fiscal abstracta en una acusación política: sucesivas administraciones han ampliado el endeudamiento mientras el Congreso sigue siendo incapaz de ponerse de acuerdo sobre cómo contenerlo.

El hito refleja el gasto acumulado bajo ambos partidos. La interpretación progresista hace hincapié en que el expresidente Donald Trump aprobó 8,4 billones de dólares de deuda durante su primer mandato, gran parte de ella vinculada a la ayuda por la pandemia, mientras que el presidente Joe Biden aprobó otros 4,3 billones. También señala el actual estancamiento en el Congreso sobre la financiación del gobierno y advierte que el endeudamiento puede alimentar la inflación, desplazar otras prioridades y reducir la capacidad del país para responder a emergencias. Maya MacGuineas, del Committee for a Responsible Federal Budget, afirmó: “Cuanto más pedimos prestado, más exacerbamos la inflación, reducimos otras prioridades en el presupuesto y nos dejamos vulnerables ante emergencias en el país y turbulencias en el extranjero.”¹

La interpretación conservadora pone mayor énfasis en el desajuste estructural entre el gasto federal y los ingresos. La presidenta del Bipartisan Policy Center, Margaret Spellings, afirmó: “Nuestros programas federales gastan mucho más de lo que el gobierno ingresa”, mientras que el analista del Cato Institute David Ditch sostuvo que la deuda ya está produciendo “efectos económicos muy tangibles” para los estadounidenses.² Esta perspectiva vincula el aumento de la deuda con una inflación elevada, el incremento de los pagos de intereses y la presión inminente sobre la Seguridad Social y Medicare.

Las dos interpretaciones difieren principalmente en el énfasis, no en el diagnóstico. Una subraya la responsabilidad bipartidista y los riesgos inmediatos del endeudamiento; la otra destaca los programas de prestaciones, el gasto automático y el impacto inflacionario de los desembolsos de la era de la pandemia. Ambas señalan una brecha cada vez mayor entre lo que Washington promete y lo que puede financiar de forma sostenible. Con los pagos netos de intereses alcanzando 1,03 billones de dólares en el año fiscal 2025 y sin una estrategia creíble del Congreso a la vista, el umbral de los 40 billones de dólares parece menos un hito simbólico que una medida de la parálisis política.