La decisión de Israel de no presentar cargos penales por el ataque con dron en Gaza que mató a la trabajadora humanitaria australiana Zomi Frankcom y a otras seis personas ha dejado al descubierto una marcada brecha entre el remordimiento y la rendición de cuentas. Israel afirma que se tomaron medidas disciplinarias tras una investigación interna; Australia sostiene que un castigo que no llegue a la vía penal es insuficiente.

El embajador de Israel en Australia, Hillel Newman, reconoció que se cometieron errores en el ataque del 1 de abril de 2024. Las autoridades israelíes apartaron del servicio a algunos miembros del personal y amonestaron formalmente a otros después de la investigación, presentando esas medidas como una respuesta a los fallos operativos. Newman dijo que Israel “expres[a] un profundo pesar y dolor a la familia de Zomi Frankcom” y añadió: “lamentamos junto a ustedes.”¹

Esa posición pone el énfasis en el arrepentimiento y la disciplina interna, pero se queda corta de aceptar responsabilidad penal. La distinción es central en la disputa: Israel presenta el incidente como un grave error abordado mediante procedimientos militares, mientras que los críticos sostienen que esos procedimientos no pueden sustituir a una acusación independiente cuando se mata a trabajadores humanitarios civiles.

La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, adoptó la postura opuesta, condenando la decisión de Israel como “insultante” y convocando a Newman para transmitir la “indignación” de Australia.² Su respuesta refleja la opinión de Canberra de que el reconocimiento por sí solo no satisface las exigencias de justicia para la familia de Frankcom ni para la comunidad humanitaria en general.

Ambas partes reconocen, por tanto, que el ataque implicó fallos graves. Divergen sobre lo que debe suceder a continuación: Israel señala el remordimiento, las amonestaciones y las destituciones, mientras que Australia insiste en que la ausencia de cargos penales deja incompleta la rendición de cuentas. La cuestión aún sin resolver es si la disciplina militar puede cerrar de forma creíble un caso que el gobierno de la víctima considera que sigue exigiendo un procesamiento.