El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa duró menos de un día, convirtiendo un intento de recuperar autoridad política en una prueba de lealtad, credibilidad y presión desde Washington.

El encuadre conservador enfatiza a un gobernador que vuelve a solicitar licencia tras un “regreso conflictivo al cargo”, presentando el episodio principalmente como un quiebre político. ¹ El relato liberal, en cambio, centra la atención en el momento: Rocha Moya anunció su regreso el viernes y luego pidió al Congreso el sábado “una licencia temporal por tiempo indefinido, mayor a 30 días”. ²

Esa diferencia importa. El equipo de Rocha Moya presentó el regreso como una afirmación de inocencia. Él dijo que no había “cometido ningún delito” y que volvía “con la conciencia tranquila y la frente en alto”. ² Sin embargo, la decisión chocó de inmediato con la presidenta Claudia Sheinbaum, también militante de Morena y aliada política suya. Sin nombrarlo directamente, Sheinbaum advirtió que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo” y declaró: “El poder sin principios se convierte en arrogancia; el poder sin límites, en abuso.” ²

La nueva licencia del gobernador, por tanto, se parece menos a una decisión administrativa rutinaria que a una retirada abrupta bajo presión política y legal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Morena de presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas en Estados Unidos. Enfrenta cargos que incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con la posibilidad de cadena perpetua si es declarado culpable. ²

Rocha Moya ha negado haber cometido actos ilícitos, mientras Sheinbaum ha evitado nombrarlo explícitamente y ha rechazado una intervención militar estadounidense. El episodio deja a ambos gobiernos frente a la misma pregunta sin resolver: si las acusaciones contra un poderoso político mexicano pueden tratarse únicamente como un asunto legal cuando ya han desestabilizado su cargo.