El fallo contra la congelación de visados de inmigrante para 75 países de la administración Trump se basa en una pregunta fundamental: ¿puede el gobierno imponer una barrera basada en la nacionalidad después de que a un solicitante ya se le haya considerado individualmente elegible según la ley de inmigración?

La jueza de distrito de Estados Unidos Jeannette Vargas respondió que no, anulando la política del Departamento de Estado y ordenando a los funcionarios que revisaran las denegaciones de visado basadas únicamente en la congelación. Escribió que la directiva era “contraria a la ley y fue emitida en exceso de la autoridad legal de la secretaria Rubio”.¹

La posición de la administración se basaba en una preocupación por la carga pública. Su política de enero se dirigía a solicitantes de países que los funcionarios consideraban especialmente propensos a generar dependencia de las prestaciones públicas, alegando que “la generosidad del pueblo estadounidense ya no será abusada”.² A juicio del gobierno, la política utilizaba los procedimientos existentes de la ley de inmigración para gestionar un amplio riesgo nacional, preservando al mismo tiempo un papel formal para los funcionarios consulares.

Vargas vio esa estructura de otra manera. Incluso cuando los funcionarios determinaban que un solicitante era elegible y que era poco probable que se convirtiera en una carga pública, el solicitante aún podía ser rechazado únicamente por su nacionalidad. “El resultado está predeterminado. El visado será denegado”, escribió.¹ Eso, concluyó, sustituyó la adjudicación individualizada por una norma categórica y marginó a los funcionarios a quienes el Congreso asignó la toma de decisiones sobre visados.

La jueza también rechazó la dependencia de la administración en la Sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, señalando que no había identificado una base legal para denegar visados a personas ya consideradas elegibles. Describió el razonamiento del gobierno como “un ejercicio de lógica orwelliana”.¹

La decisión no bloquea las denegaciones basadas en fundamentos legales independientes, ni elimina la autoridad más amplia de la administración sobre la política de admisión. Pero traza una línea clara entre restringir la entrada en virtud de los poderes presidenciales y negar visados a solicitantes por lo demás calificados debido a su nacionalidad, una distinción que Vargas dijo que separaba este caso del fallo de 2018 del Tribunal Supremo sobre el veto migratorio. La impugnación fue presentada por defensores de inmigrantes, posibles inmigrantes basados en empleo y ciudadanos estadounidenses que buscan reunirse con sus familiares.³