El juicio sobre el impacto de Instagram en los usuarios jóvenes se ha convertido en una prueba no solo de las medidas de seguridad de Meta, sino también de si los controles internos de la empresa fueron diseñados para proteger a los niños o para proteger a Meta de rendir cuentas.

El caso enfrenta a la empresa con 29 fiscales generales estatales, que alegan que Meta violó las leyes de privacidad infantil y protección al consumidor mientras tergiversaba la solidez de sus salvaguardas. La disputa más amplia queda plasmada en la caracterización del juicio como un caso que “enfrenta a Meta con los estados por los daños de las redes sociales”.¹

La postura de los estados es que los ejecutivos, incluido el jefe de Instagram Adam Mosseri y el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, minimizaron públicamente los riesgos a pesar de la investigación interna que involucraba a niños y adolescentes. Buscan sanciones que podrían alcanzar los 200.000 millones de dólares, lo que convierte el proceso en uno de los desafíos legales más trascendentales hasta ahora frente a las políticas de seguridad juvenil de la empresa.

Mosseri ofreció una interpretación muy diferente. Al ser interrogado sobre si abogados o ejecutivos suprimieron investigaciones sobre niños menores de 13 años y sobre la salud mental de los adolescentes, dijo: “No estoy tratando de alentar a mi equipo a ocultar nada”.² Dijo que le sorprendería que se retuviera información sobre seguridad para engañar al público, al tiempo que reconoció que los abogados de Meta pueden revisar investigaciones sensibles por razones legales y de política interna.

El contraste más marcado se refiere a la respuesta de Meta a las revelaciones de la denunciante Frances Haugen en 2021. Mosseri reconoció que se restringió el acceso a algunas investigaciones internas, pero dijo que el objetivo era evitar que el material se tomara “fuera de contexto”. Rechazó la sugerencia de los estados de que Meta redujo su capacidad de investigación sobre la salud mental de los jóvenes, y sostuvo en cambio: “No creo que el equipo fuera más pequeño, solo estaba centralizado”.²

Esa distinción —ocultamiento frente a acceso controlado— está ahora en el centro del juicio. Los estados ven en ello pruebas de una actitud defensiva institucional; Mosseri lo presenta como un esfuerzo imperfecto pero legítimo para gestionar información sensible. Su testimonio está previsto que continúe.