La disputa sobre quién controla los mecanismos de la votación por correo se acelera apenas unas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, con 24 estados y Washington D. C. solicitando a un tribunal federal que suspenda los nuevos requisitos del Servicio Postal antes de que lleguen a los votantes.

Los estados, liderados por funcionarios demócratas, sostienen que la norma excede la autoridad ejecutiva e invade su poder constitucional para administrar las elecciones. Advierten que rediseñar los sobres de las papeletas, crear sistemas de datos, capacitar a los trabajadores electorales e informar a los votantes en un calendario comprimido podría interrumpir los preparativos y privar del derecho al voto a electores elegibles. En su demanda, los fiscales generales escribieron que «La norma viola la Constitución y las leyes federales en numerosas ocasiones».¹

El Gobierno presenta los mismos requisitos como una salvaguarda y no como una intromisión. La norma exige códigos de barras rastreables en los sobres de las papeletas y ordena a los funcionarios estatales enviar los nombres y las direcciones de los destinatarios previstos de las papeletas por correo a un portal en línea. El USPS afirma que las listas resultantes, específicas para cada estado, podrían ayudar a los funcionarios y a las fuerzas del orden a identificar actividades sospechosas o anómalas, al tiempo que insiste en que no determinará la elegibilidad de los votantes, mantendrá los padrones electorales ni contará las papeletas.

La Casa Blanca presentó la oposición como resistencia a la seguridad electoral, al afirmar que «Los demócratas radicales siguen oponiéndose a medidas de sentido común que protegen la seguridad de las papeletas por correo».² Ese argumento contrasta marcadamente con la afirmación de los estados de que la política constituye una toma de control federal ilegal. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que la Constitución otorga a los estados la facultad de regular las elecciones, «no al presidente ni al USPS».²

La Corte Suprema levantó recientemente una medida cautelar anterior por motivos procesales, haciendo hincapié en que su decisión no establecía que la política definitiva fuera legal. Una nueva demanda pone ahora a prueba la norma en cuanto al fondo, pero el calendario podría importar tanto como la doctrina jurídica: algunos estados comenzarán a enviar las papeletas por correo a principios de septiembre. El resultado es un choque entre definiciones contrapuestas de la integridad electoral: visibilidad federal uniforme por un lado, y control estatal y estabilidad operativa por el otro.