Un juez federal ha bloqueado el intento del Departamento de Justicia de borrar la condena de Steve Bannon por desacato al Congreso, lo que ha provocado un inusual enfrentamiento entre una estrategia de procesamiento alineada con Trump y un juez nombrado por el expresidente.

El juez de distrito de EE. UU. Carl Nichols rechazó la solicitud de desestimación porque el DOJ no explicó adecuadamente por qué debía abandonarse el caso. El escrito sostenía únicamente que la desestimación era «en interés de la justicia» y que se encontraba dentro de la «discrecionalidad procesal» del Gobierno.¹

Ese razonamiento contrasta marcadamente con la historia del caso. Un jurado condenó a Bannon en 2022 después de que se negara a cumplir una citación del comité de la Cámara de Representantes que investigaba el 6 de enero. Bannon sostuvo que el privilegio ejecutivo, invocado por Donald Trump, lo protegía y que estaba siguiendo el consejo de sus abogados. Posteriormente cumplió una breve condena de prisión.

Por tanto, el fallo del juez preserva por ahora la condena, pero no representa un rechazo definitivo de la postura del Gobierno. Nichols desestimó la solicitud del DOJ «sin perjuicio», lo que permite a los fiscales presentar un argumento más desarrollado e intentarlo de nuevo.¹

El caso también pone de manifiesto la tensión entre la lealtad política de Bannon y su turbulenta relación con Trump. Bannon fue un arquitecto clave de la campaña de Trump de 2016 y un asesor sénior, pero su alianza se ha fracturado repetidamente. No obstante, el Departamento de Justicia de Trump, a través de la fiscal federal de Washington Jeanine Pirro, procedió a deshacer el caso penal.

La intervención del juez es limitada, no definitiva: exigió una justificación más sólida, no un juicio sobre el fondo de la condena. Para Bannon, eso significa un revés temporal. Para el DOJ, es un obstáculo procesal y una invitación a intentarlo de nuevo con un caso más completo.