El intento del Pentágono de incluir a Anthropic en una lista negra se ha venido abajo en los tribunales, dejando al descubierto una lucha más amplia sobre quién puede establecer los límites de la inteligencia artificial militar: los funcionarios electos y las agencias de defensa, o las empresas que desarrollan estos sistemas.

La jueza Rita Lin dictaminó que las sanciones del Gobierno contra Anthropic constituían represalias ilegales después de que la empresa se negara a permitir que Claude, su modelo de IA, se utilizara para la vigilancia interna o para armas autónomas. Prohibió de forma permanente la aplicación de las sanciones y anuló la designación de la empresa como “riesgo para la cadena de suministro”, una etiqueta dirigida históricamente contra amenazas extranjeras. El fallo deja al Gobierno en libertad de apelar, pero restablece de inmediato la posición de Anthropic en la contratación federal. ¹

El argumento de Anthropic trata fundamentalmente sobre los límites constitucionales. La empresa afirmó que el Pentágono la castigó por sus posturas expresadas públicamente sobre la seguridad de la IA y que le negó el debido proceso antes de imponerle la designación. Lin estuvo de acuerdo y advirtió que “la invocación vacía de la seguridad nacional no es un cheque en blanco para castigar y tomar represalias contra los críticos del Gobierno”. ¹

El Pentágono presentó la disputa de otra manera. Los funcionarios argumentaron que la negativa de Anthropic a aceptar las condiciones militares podría generar incertidumbre durante las operaciones y potencialmente desactivar sistemas desplegados en el terreno. Su postura era que la designación reflejaba un conflicto contractual y operativo, no represalias por opiniones expresadas. Esa afirmación se enfrenta ahora a un fallo que califica la designación de “ilegal y carente de fundamento”. ¹

El planteamiento conservador también pone el énfasis en las cuestiones constitucionales, pero desde un ángulo político más contundente: su titular describe el fallo como una anulación de la prohibición de Hegseth y la condena de esta como una “represalia” inconstitucional. ² La conclusión compartida es que el Pentágono se extralimitó; la cuestión no resuelta es si la necesidad militar puede justificar que se obligue a las empresas privadas de IA a aceptar usos que consideran inseguros o ilegales.