El procesamiento de Khalid Sheikh Mohammed, el hombre acusado de ayudar a orquestar los atentados del 11 de septiembre, se ha visto debilitado por el historial de cómo Estados Unidos lo interrogó. Casi dos décadas después de su interrogatorio por parte del FBI, un juez militar ha dictaminado que su supuesta confesión no puede utilizarse en el juicio.

La decisión supone un duro revés para los fiscales, que han tenido dificultades para hacer avanzar el caso de Guantánamo. El enfoque conservador hace hincapié en la pérdida probatoria inmediata: el juez Michael Schrama excluyó las declaraciones de Mohammed de 2007 después de determinar que los fiscales no habían demostrado que fueran voluntarias. En su fallo, Schrama escribió que «la fiscalía no ha demostrado, mediante una preponderancia de las pruebas, que las declaraciones del señor Mohammad al F.B.I. fueran realizadas voluntariamente».¹

La interpretación liberal sitúa ese fallo dentro del legado más amplio de la detención y los interrogatorios de la CIA. Mohammed había sido sometido previamente a ahogamiento simulado y a otros métodos coercitivos, que, según determinó el juez, habían creado el temor de que sufriría malos tratos severos si no cooperaba. Schrama también concluyó que a Mohammed no se le había leído la advertencia Miranda y que se le había dicho que no podía consultar a un abogado.²

Ese contraste define el caso: los fiscales y los antiguos investigadores se centran en la conducta posterior del FBI, mientras que los abogados defensores y los críticos sostienen que la tortura anterior contaminó todo lo que vino después. El exagente del FBI Frank Pellegrino dijo que creía que Mohammed confesó voluntariamente porque «no podría haberle dicho de una manera más explícita que no tenía que hablar conmigo».² No obstante, reconoció que los tribunales deben determinar si las entrevistas posteriores cumplieron las normas legales.

El Gobierno está considerando presentar una apelación, mientras que se ha programado un juicio para junio de 2028. Mohammed podría enfrentarse a la pena de muerte si es declarado culpable, aunque acuerdos de declaración de culpabilidad previos que le habrían evitado la pena capital fueron anulados anteriormente.