La Corte Suprema ha despejado el camino para la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares propuesto por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, pero su fallo deja sin resolver la disputa constitucional central: ¿puede el presidente remodelar propiedades federales sin la autorización del Congreso?

La decisión, adoptada por 5 votos contra 4, representa una importante victoria procesal para Trump y revoca las órdenes de tribunales inferiores que habían detenido la construcción sobre el nivel del suelo. La mayoría, de tendencia conservadora, afirmó que probablemente el National Trust for Historic Preservation no podía demostrar el perjuicio concreto e individualizado necesario para presentar el caso. «La mera ofensa, el desacuerdo o la aversión no constituyen un perjuicio concreto y particularizado conforme al Artículo III», señaló la opinión sin firma.¹

Ese razonamiento, enfatizado por la cobertura conservadora, trata el caso principalmente como una cuestión de los límites judiciales y de legitimación activa. La mayoría también afirmó que el tribunal inferior probablemente excedió su autoridad al detener obras relacionadas con un proyecto que, según la administración, incluye instalaciones esenciales de seguridad. Sin embargo, declinó expresamente pronunciarse sobre si el salón de baile en sí es legal.

El presidente de la Corte, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales del tribunal en la disidencia, lo que produjo la advertencia institucional más contundente del fallo. Roberts sostuvo que el Congreso ha prohibido expresamente la construcción en terrenos de parques federales en Washington sin autorización del Congreso. «El salón de baile es un edificio o estructura que se está erigiendo en terrenos de un parque federal», escribió. «Sin embargo, el Congreso no ha aprobado ninguna ley que se parezca a una “autorización expresa” para que el Ejecutivo lo construya».²

La disidencia también cuestionó la interpretación mayoritaria de la legitimación activa, al argumentar que el carácter histórico de la Casa Blanca confiere a los defensores de la preservación un interés estético concreto. Roberts calificó el proyecto de «probablemente ilegal» y advirtió que la decisión permite una posible vulneración del control del Congreso sobre las propiedades y el gasto federales.

Trump celebró el fallo como una confirmación de que su proyecto avanza según lo previsto. El National Trust, en cambio, subrayó que la Corte no había decidido sobre el fondo del caso y sostuvo que un presidente es solo un custodio temporal de la «Casa del Pueblo» y no puede demolerla y rediseñarla unilateralmente. El resultado es una división inusual: la construcción continúa mientras la cuestión de la separación de poderes sigue abierta.