La derrota del proyecto de ley sobre la muerte asistida en Inglaterra y Gales ha reavivado una cuestión fundamental: ¿debería el Parlamento priorizar el derecho de una persona con una enfermedad terminal a elegir, o garantizar primero que las personas vulnerables estén protegidas mediante salvaguardias más sólidas y una mejor atención?

Los diputados votaron 286 a 270 en contra del proyecto de ley sobre adultos con enfermedades terminales (fin de la vida), bloqueando una medida que habría permitido a los adultos con seis meses de vida o menos solicitar asistencia médica para poner fin a sus vidas. El resultado revierte el apoyo anterior de la Cámara de los Comunes a una propuesta casi idéntica y hace muy improbable su aprobación antes de las próximas elecciones generales.¹

Los partidarios consideraron la derrota un fracaso de la voluntad política y del procedimiento parlamentario. Lauren Edwards, promotora del proyecto de ley, afirmó que las objeciones “no se referían al principio de la muerte asistida, sino al procedimiento parlamentario”.² Sostuvo que retrasar la reforma negaba a las personas con enfermedades terminales tanto la posibilidad de elegir como la dignidad, mientras que los activistas afirmaron que al público le resultaría difícil entender por qué se había detenido una medida respaldada anteriormente por los diputados.

Los opositores, sin embargo, presentaron la votación como un rechazo necesario a una legislación insegura, y no como un veredicto definitivo sobre el principio. Los diputados laboristas Ashley Dalton, Meg Hillier y Jess Asato calificaron el proyecto de ley de “inseguro e inviable”, al tiempo que subrayaron que comprendían las preocupaciones de quienes buscaban un cambio.² Dalton, que vive con un cáncer incurable, advirtió que la legislación no tenía suficientemente en cuenta la depresión tratable ni el impacto psicológico posterior al diagnóstico.

La línea divisoria más marcada fue el estado de la atención al final de la vida. Los partidarios señalaron a pacientes que sufrían un dolor que la medicina paliativa no siempre podía aliviar: Claire Hazelgrove afirmó que su madre había recibido una buena atención, pero que “no todo dolor puede paliarse”.³ Los profesionales médicos replicaron que el pronóstico y la prestación de asistencia social siguen siendo poco fiables. El ministro de Sanidad del Gobierno reiteró que la asistencia social había sido desatendida durante demasiado tiempo, mientras que un cirujano y diputado afirmó que se equivocaba “con tanta frecuencia como acierto” al estimar si a un paciente le quedaban seis meses de vida.⁴

Ahora ambos bandos invocan una mejor atención, pero por razones opuestas: los activistas la consideran una base para la capacidad de elección, mientras que los opositores ven su ausencia como motivo para aplazar la medida.