El esfuerzo de la administración Trump por reducir FEMA ha chocado con una ley federal diseñada para preservar la independencia de la agencia, lo que plantea una cuestión más amplia sobre si la respuesta ante desastres puede descentralizarse sin debilitar la red nacional de seguridad.

La jueza federal de distrito Susan Illston dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó ilegalmente cuando asumió el control de las decisiones de personal de FEMA y avanzó hacia la reducción de la plantilla de la agencia aproximadamente a la mitad. La disputa se centra en miles de reservistas y otros trabajadores temporales que ayudan a dotar de personal las operaciones de respuesta ante desastres, incluidos los empleados de respuesta y recuperación de FEMA del Cadre of On-Call Response/Recovery Employees.

Los sindicatos que impugnaron el plan sostienen que las reducciones paralizarían la misión central de FEMA, no fueron autorizadas por el Congreso y fueron impuestas por el DHS en lugar de por funcionarios de FEMA. Illston coincidió en que el DHS violó la Ley de Reforma de la Gestión de Emergencias Posterior al Katrina, que impide al departamento reducir sustancialmente las «autoridades, responsabilidades o funciones» de FEMA. También determinó que los funcionarios no ofrecieron una «toma de decisiones razonada» para revocar la autoridad que FEMA había ejercido durante largo tiempo para renovar contratos de trabajadores.¹

La administración presenta el asunto de otra manera. El presidente Donald Trump ha argumentado que los estados deberían asumir una mayor responsabilidad en la preparación para emergencias y ha sugerido que FEMA debería abolirse. Un relato separado del fallo indicó que la administración sostiene que FEMA tiene «considerable flexibilidad para determinar los niveles adecuados de personal», mientras que la agenda más amplia de recortes gubernamentales de Trump ha presentado la reducción del tamaño del Gobierno federal como una forma de eliminar el despilfarro.²

Ese argumento enfrenta ahora una prueba práctica y legal. FEMA proyectó una plantilla de 11.383 personas para el próximo año fiscal —aproximadamente la mitad de su nivel anterior—, pero, según Illston, no proporcionó una base clara para esa cifra. La jueza también criticó a los funcionarios por discutir cambios de personal en teléfonos personales mediante Signal y borrar mensajes, y señaló que se presumiría que los registros faltantes eran desfavorables para el Gobierno. Las medidas correctivas y las sanciones se considerarán por separado, lo que deja el esfuerzo de reestructuración de la administración bajo un escrutinio judicial continuo.