La administración Trump está desmantelando los límites de la era Biden a las emisiones de las centrales eléctricas, presentando la medida como una acción para hacer más asequible y fiable la electricidad, mientras que los críticos la consideran un retroceso en las protecciones de salud pública que podría agravar los riesgos climáticos.

La EPA afirma que derogar la mayoría de las normas de 2024 sobre el carbono ahorrará a la industria unos 310.000 millones de dólares en costos de cumplimiento y ayudará a las empresas eléctricas a satisfacer la creciente demanda de los centros de datos, la inteligencia artificial y la manufactura. El administrador Lee Zeldin presentó la política como un rechazo a lo que llamó una “guerra contra el carbón”, y prometió “más empleos, precios más bajos y una Estados Unidos más próspero”.¹

Los defensores de la industria del carbón se hacen eco de ese argumento y sostienen que los requisitos de Biden dependían de una tecnología de captura de carbono que aún no es comercialmente viable y que podría obligar a cerrar centrales. La administración también argumenta que la Ley de Aire Limpio no autoriza a la EPA a regular los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas únicamente por el cambio climático. Una propuesta más amplia eliminaría los requisitos federales restantes sobre los gases de efecto invernadero y ahorraría otros 370 millones de dólares en costos de cumplimiento.¹

Los grupos ecologistas y exfuncionarios cuestionan tanto las premisas económicas como las jurídicas. El Sierra Club advirtió que la reversión concede a las empresas de combustibles fósiles “una licencia para seguir contaminando” mientras empeoran los incendios forestales, las inundaciones y los costos de los seguros.² El Environmental Defense Fund afirmó que abandonar las normas tendría “costos enormes” para las familias debido a una mayor exposición a la contaminación climática, el esmog, el mercurio, el plomo y las partículas finas.³

Por lo tanto, el conflicto central va más allá de una sola regulación. Los partidarios consideran que los límites federales son una extralimitación costosa que amenaza el suministro fiable de electricidad; los opositores los ven como un umbral necesario para proteger la salud y controlar las emisiones. También es probable que la política reavive una prolongada disputa legal, en la que los críticos sostienen que la EPA tiene el deber legal de regular las principales fuentes de contaminación y la administración busca limitar esa autoridad. Gina McCarthy dijo que la decisión “deja sin consecuencias a los mayores contaminadores industriales del país”.⁴