La Cámara de Representantes ha enviado al presidente Donald Trump un amplio proyecto de ley de sanciones contra Rusia e Irán, convirtiendo una medida presentada como un arma contra Moscú en una prueba de cuánto poder arancelario está dispuesto el Congreso a otorgar a la Casa Blanca.

La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones contra Rusia e Irán fue aprobada por 262 votos contra 159, con el apoyo de 58 demócratas y la oposición de siete republicanos. Impondría sanciones a funcionarios rusos, oligarcas, bancos e intereses energéticos, extendería las sanciones contra Irán y permitiría aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos. El proyecto también incluye la facultad presidencial de conceder exenciones y excepciones para los países que reduzcan su dependencia de la energía rusa.¹

Sus partidarios presentan esa flexibilidad como la principal fortaleza de la legislación. El representante republicano Michael McCaul sostuvo que «se pueden eludir las sanciones..., pero no se pueden eludir los aranceles», y calificó los aranceles como «los dientes de este proyecto de ley».² Desde esa perspectiva, la medida cierra lagunas que han permitido que los ingresos rusos procedentes de la energía sigan financiando la guerra y da a Trump margen de maniobra para presionar al presidente Vladímir Putin a entablar negociaciones.

Los opositores demócratas aceptan la necesidad de presionar a Rusia, pero rechazan el mecanismo. El representante Gregory Meeks y sus colegas afirmaron que el proyecto «ampliaría drásticamente las facultades presidenciales en materia arancelaria», elevando los precios y socavando potencialmente el apoyo a largo plazo a Ucrania.¹ El representante Richard Neal fue más tajante y advirtió que el texto no ofrece «ninguna garantía» de que Trump no pudiera utilizar los aranceles contra la propia Ucrania.⁴

Por tanto, el argumento conservador se centra en la disuasión y la flexibilidad presidencial; el liberal, en la aplicación de la ley, la rendición de cuentas y las repercusiones económicas. Incluso algunos demócratas que se opusieron al proyecto reconocieron lo que está en juego para Ucrania, mientras que los moderados Jared Golden y Marie Gluesenkamp Perez ayudaron a impulsarlo. El resultado es un paquete de sanciones cuya etiqueta bipartidista oculta un desacuerdo fundamental: si la concentración del poder ejecutivo intensificará la presión sobre Rusia o convertirá la política en otra fuente de inestabilidad dentro y fuera del país.