La declaración de una emergencia nacional por el VIH en Fiyi marca un cambio crítico: de gestionar un brote concentrado a hacer frente a una crisis de salud pública cada vez más amplia. El Gobierno está ampliando las pruebas y el tratamiento, pero la magnitud y las causas del aumento siguen siendo objeto de debate.

El relato conservador informa de 2.016 nuevos diagnósticos en 2025, un aumento del 27 %, y afirma que las autoridades calculan que una de cada 60 personas adultas vive con el VIH. También destaca el impacto de la crisis en los niños: el año pasado nacieron 59 bebés con VIH y 18 murieron antes de cumplir un año. Al mismo tiempo, subraya que la ampliación de las pruebas puede haber descubierto infecciones que antes no se detectaban. Las autoridades planean ampliar las «pruebas gratuitas, voluntarias y confidenciales», junto con medicamentos de prevención y servicios de reducción de daños para las personas que se inyectan drogas.¹

El relato liberal ofrece una cifra ligeramente diferente —2.060 nuevos diagnósticos— y pone mayor énfasis en los factores sociales más amplios que impulsan la transmisión. Vincula el aumento al consumo creciente de metanfetamina, las prácticas de inyección inseguras, la transmisión sexual, el estigma y el acceso insuficiente a agujas limpias y atención médica. Citando a ONUSIDA, afirma que las nuevas infecciones se multiplicaron por doce entre 2010 y 2025, mientras que solo el 39 % de las personas que viven con el VIH conocían su estado serológico y apenas el 22 % recibían tratamiento antirretroviral.²

Ambas perspectivas coinciden en que la respuesta de Fiyi debe ir más allá de un enfoque propio de un brote. El ministro de Salud, Ratu Atonio Lalabalavu, calificó de necesaria la declaración porque se requería «una respuesta coordinada urgente», mientras que ONUSIDA advirtió que «el sida no ha terminado».² La diferencia clave está en el énfasis: el primer relato da prioridad al diagnóstico y a la intervención gubernamental; el segundo presenta una crisis sistémica en la que la política de drogas, la salud sexual, el estigma y el acceso al tratamiento son inseparables. Por tanto, el programa de agujas y jeringas propuesto por Fiyi podría ser una prueba no solo de la capacidad médica, sino también de la voluntad política de hacer frente a las condiciones que impulsan la transmisión.