La decisión de la Casa Blanca de prohibir el acceso a tres importantes organizaciones de noticias ha transformado una disputa política habitual sobre las «noticias falsas» en una prueba de si el Gobierno puede controlar el acceso de los periodistas en función de lo que publican.

CNN, MS NOW y Politico afirmaron que sus reporteros fueron rechazados en el recinto de la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump anunciara la prohibición. MS NOW dijo que se denegó la entrada a un reportero y a un fotógrafo cuando llegaron a trabajar.¹ La disputa inmediata es de procedimiento, pero el conflicto subyacente es constitucional: si el acceso a instalaciones gubernamentales puede condicionarse a una cobertura favorable.

La justificación de Trump es abiertamente política. Dijo que estaba «cansado de leer y ver noticias falsas» y acusó a los medios de publicar «FICCIÓN y MENTIRAS», sin identificar reportajes específicos.² La posición de sus defensores es que no se debería obligar a la Casa Blanca a dar acceso a organizaciones que el presidente considera deshonestas. La Administración también ha amenazado con tomar medidas similares contra otros medios, ampliando las repercusiones más allá de las tres organizaciones señaladas.

Las organizaciones de noticias y los grupos defensores de la libertad de prensa presentan la medida de otra manera. MS NOW dijo que tomaría «todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos consagrados en la Primera Enmienda», mientras que CNN afirmó que continuaría informando «sin miedo ni favoritismos».³ La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca advirtió que un criterio aplicado contra un medio podría terminar aplicándose a cualquier redacción cuya cobertura disguste a los funcionarios.³

Esa preocupación se ve reforzada por precedentes recientes. Los tribunales ya han intervenido en disputas sobre el trato de la Administración a The Associated Press y sobre las credenciales de prensa de un reportero de CNN. Por ello, los expertos jurídicos ven algo más que una disputa por el acceso: ven una posible discriminación basada en el contenido, especialmente si la Casa Blanca excluye a periodistas de un grupo de prensa debido a sus puntos de vista. La cuestión central no es si la cobertura es popular entre el presidente, sino si el poder gubernamental puede utilizarse para castigar la cobertura que le desagrada.