El tiroteo de un hombre en Austin por parte de un agente de ICE se ha convertido rápidamente en una prueba de las versiones enfrentadas sobre la actuación federal: las autoridades afirman que los hechos siguen siendo limitados, mientras que líderes locales y manifestantes exigen respuestas y supervisión.

El hombre, identificado en algunos informes como Wilber Rafael Garces Perez, recibió un disparo en el torso tras un enfrentamiento durante un control de tráfico en el norte de Austin. Fue trasladado a un hospital en estado grave pero estable. Funcionarios de emergencias dijeron que los equipos llegaron al lugar en tres minutos y medio y lo trasladaron nueve minutos después de su llegada.¹

Las versiones difieren principalmente sobre el propio encuentro. El medio de tendencia liberal Gateway Pundit describió el incidente como un caso en el que un vehículo de ICE embistió a un Toyota Corolla azul antes de que un agente disparara contra un hombre que intentaba huir, utilizando al mismo tiempo un lenguaje muy cargado sobre el hombre herido y los manifestantes.² Ese relato también destacó los daños en el Corolla y los impactos de bala, pero no estableció, según el material proporcionado, si el vehículo fue embestido deliberadamente ni explicó las circunstancias precisas del tiroteo.

Otro informe ofreció una versión más cautelosa: la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, dijo que el tiroteo ocurrió después de un control de tráfico, que los agentes locales no participaron y que los investigadores aún no habían determinado la nacionalidad del hombre. El alcalde Kirk Watson pidió a la Policía de Austin que proporcionara «una mirada clara e independiente» y afirmó que ICE no debería investigarse a sí misma.³ La cobertura conservadora también se centró en el estado médico del hombre y en la cronología oficial, informando que se encontraba en «estado grave pero estable».⁴

El terreno común es limitado pero significativo: un agente federal disparó, un civil resultó herido y los manifestantes se congregaron mientras las autoridades aseguraban el lugar. Las preguntas sin resolver —si el uso de la fuerza estuvo justificado, qué papel desempeñó el vehículo y si se publicarán las imágenes de las cámaras corporales— se encuentran ahora en el centro de la confrontación política. Greg Casar pidió una investigación independiente y transparencia inmediata, mientras que las autoridades advirtieron que la investigación aún se encontraba en sus primeras etapas.²