El caso contra el repartidor venezolano Wilber Rafael Garces-Perez gira en torno a una cuestión crucial aún sin resolver: ¿usó su vehículo contra un agente de ICE o le dispararon después de que los agentes obligaran a su automóvil a entrar en una situación peligrosa?

Los fiscales federales afirman que Garces-Perez se negó a obedecer las órdenes de salir de su vehículo durante una parada dirigida, luego se alejó y golpeó a un agente en el torso con el espejo retrovisor lateral. La denuncia describe el intercambio inicial como “agradable y no agresivo” antes de que Garces-Perez cerrara abruptamente la ventanilla y huyera. El agente que disparó declaró posteriormente que Garces-Perez había intentado atropellarlo, lo que provocó el tiroteo.¹

La versión del Gobierno está respaldada por tres imágenes fijas de la cámara corporal de otro agente, que, según los fiscales, muestran al vehículo avanzando hacia el agente. La cobertura conservadora subraya que Garces-Perez tenía una orden final de expulsión, ignoró las órdenes y enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable.²

Pero las pruebas siguen incompletas. El agente que disparó no llevaba una cámara corporal, y la cámara del otro agente no captó el tiroteo en sí. Garces-Perez dijo a los investigadores que un vehículo SUV de ICE chocó contra su automóvil, lo hizo girar y que le dispararon por la espalda después de obligarlo a detenerse. Sus abogados también afirman que una bala permanece alojada cerca de su columna vertebral y están solicitando la publicación de todas las imágenes disponibles.¹

Esa laguna ha vuelto el caso políticamente polémico. Las versiones liberales lo sitúan dentro de un escrutinio más amplio de las paradas vehiculares de ICE y señalan que acusaciones similares de agresión en otros tiroteos fueron posteriormente retiradas o desacreditadas. Las versiones conservadoras, en cambio, ponen en primer plano la afirmación del Gobierno de que un agente fue atacado y la posición de ICE de que la autorización de trabajo de Garces-Perez no demostraba un estatus migratorio legal.³

Ambas partes coinciden en la secuencia básica —un intento de arresto migratorio, una persecución, un tiroteo y una acusación penal—, pero no en quién creó el peligro. Hasta que un video o testimonios adicionales resuelvan ese conflicto, el caso de agresión se basa en gran medida en versiones contrapuestas y fotografías fijas.