La emergencia sísmica de Panamá ha producido dos realidades claramente distintas: una respuesta oficial medida en un número limitado de víctimas, entregas de ayuda y evaluaciones de daños, y una difícil experiencia pública definida por viviendas derrumbadas, noches sin dormir y el miedo al próximo temblor.

El Gobierno declaró el estado de emergencia después de que el viernes se registraran terremotos de magnitud 7,7 y 6,6, que dañaron edificios e infraestructuras en las 10 provincias y dos territorios indígenas. Más de 100 réplicas siguieron a los sismos, mientras las autoridades informaron de 27 personas heridas y ninguna muerte confirmada. Unas 420 viviendas y un número similar de escuelas resultaron dañadas, junto con puentes, hoteles, iglesias y centros de salud.¹

Ese balance oficial relativamente moderado ha alimentado un relato de resiliencia. El sismólogo Carlos Valdés atribuyó en parte el limitado número de víctimas mortales a los estrictos códigos de construcción de Panamá, particularmente en la capital. El apoyo internacional reforzó ese mensaje: Washington desplegó especialistas en desastres, prometió 5 millones de dólares en ayuda humanitaria y ayudó a entregar alimentos en helicóptero. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Estados Unidos estaba «siguiendo de cerca los informes» y movilizando personal a petición de Panamá.Secretary Marco Rubio (SecRubio)²

Pero el encuadre del relato conservador —«panameños inquietos duermen en las calles»— pone el énfasis en otro lugar: no en la ausencia de víctimas masivas, sino en la inseguridad que persiste después de que los titulares pasan a otra cosa.³ En La Villa de Los Santos, según los informes, los residentes durmieron al aire libre mientras se derrumbaban viviendas y una iglesia histórica. Tony Jiménez, cuya casa quedó parcialmente destruida, dijo: «Estamos aquí desde la una de la tarde de ayer; no nos hemos movido».¹

El contraste tiene consecuencias. Las autoridades pueden señalar una movilización rápida y un número de víctimas comparativamente bajo, mientras los residentes se enfrentan a carreteras bloqueadas, deslizamientos de tierra y refugios inciertos. La respuesta de Panamá puede estar funcionando como una operación de emergencia, pero para muchas comunidades la emergencia aún no ha terminado.