La administración Trump intenta defender al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sin otorgar protección generalizada a sus agentes: el vicepresidente JD Vance elogió a la agencia, aunque reconoció que las conductas indebidas graves exigen que se inicien procesos judiciales.

El enfoque liberal enfatiza la propia tensión, al presentar la defensa del ICE por parte de Vance junto con su admisión de que los agentes deben ser investigados cuando “meten la pata”.¹ Ese contraste deja en manos de la administración demostrar que la rendición de cuentas es algo más que una salvedad retórica añadida a la lealtad institucional.

El relato conservador, en cambio, pone en primer plano el apoyo de Vance a la agencia y presenta las conductas indebidas como la excepción y no como la regla. Vance dijo que el personal del ICE son “personas increíbles que son patriotas” que buscan “hacer un buen trabajo protegiendo a su país”.² No obstante, admitió que algunos agentes cometen errores y que otros “realmente meten la pata”, y añadió: “Obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando la gente mete la pata”.²

Las dos perspectivas coinciden en el principio básico de que las irregularidades no deben quedar impunes. Difieren en lo que significa el énfasis. Los partidarios oyen una defensa de una fuerza mayoritariamente profesional, acompañada de una salvaguarda limitada de rendición de cuentas; los críticos ven la necesidad de investigaciones explícitas como prueba de que la lealtad al ICE no puede sustituir al escrutinio.

Por lo tanto, la formulación de Vance sirve a dos públicos a la vez. Tranquiliza a los partidarios del control migratorio al asegurarles que la administración respalda al ICE, al tiempo que reconoce que las acusaciones de conducta indebida no pueden simplemente desestimarse como ataques contra la agencia. La pregunta aún sin resolver es si los procesos judiciales se llevarían a cabo de manera independiente y coherente, o solo después de que la defensa política haya seguido su curso.