La demanda de Nuevo México contra el abogado y el contador de larga data de Jeffrey Epstein ha agudizado una pregunta central del escándalo: si la rendición de cuentas debería extenderse más allá del financiero fallecido a los profesionales que administraron su dinero, su patrimonio y su legitimidad pública.

La cobertura conservadora presenta el caso principalmente como una acusación de que Darren Indyke y Richard Kahn ayudaron a ocultar la operación de trata sexual de Epstein. Un informe afirma que el fiscal general demandó a la pareja por acusaciones de que ocultaron la operación.¹ Otro presenta la demanda como un esfuerzo por revelar cómo el abogado y el contador de Epstein presuntamente ocultaron sus delitos.² Ese énfasis refleja el argumento más amplio del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, de que Epstein “no operaba solo” y de que quienes lo ayudaron no deberían beneficiarse mientras los sobrevivientes cargan con las consecuencias.³

Las versiones liberales añaden las dimensiones legales y humanas. La demanda civil alega que Indyke y Kahn “facilitaron y ocultaron” los delitos de Epstein, se beneficiaron de su relación con él y ayudaron a mantener una red de empresas y acuerdos financieros. El estado busca impedir que reciban pagos como albaceas del patrimonio de Epstein mientras el caso sigue su curso.³ Los sobrevivientes que apoyan la demanda afirman que la operación de Epstein dependía de “la apariencia de legitimidad y del acceso a dinero cuidadosamente estructurado para evitar que sus delitos quedaran expuestos”.⁴

Los abogados de los acusados ofrecen el contrapunto más contundente. Ellos “rechazan enfáticamente” las afirmaciones de que los hombres facilitaron conscientemente los abusos, argumentando que los delitos ocurrieron a puerta cerrada y que ninguno de los dos estuvo presente en muchos de los hechos alegados.⁴ También acusan a Torrez de presentar una “demanda sin fundamento” sin solicitar primero el testimonio de sus clientes.⁴

Por tanto, la disputa va más allá de la responsabilidad. Nuevo México presenta el caso como un intento de impedir que los asesores de confianza de Epstein se beneficien de un sistema abusivo; la defensa lo presenta como un proceso incompleto y políticamente motivado. Ahora el tribunal pondrá a prueba si el estado puede convertir esas narrativas contrapuestas en pruebas.