West Hollywood ha aprobado una forma limitada de reconocimiento legal para las relaciones multipareja, preparando un enfrentamiento entre los defensores de derechos relacionales más amplios y los críticos que consideran que la medida amenaza la estabilidad familiar.

El Concejo Municipal votó 5-0 a favor de permitir que las personas que mantienen relaciones con tres o más adultos presenten una declaración ante el secretario municipal. Las parejas que cumplan los requisitos podrían recibir protecciones limitadas, incluidos derechos de visita en hospitales y cárceles. La ordenanza no crea un matrimonio ni una unión de hecho registrada, lo que entraría en conflicto con la legislación estatal o federal.¹

Los partidarios presentan la medida como una política contra la discriminación. La ordenanza establece que la ciudad debe reconocer “el derecho y la oportunidad de todas las personas a que sus relaciones domésticas multipareja sean reconocidas y respetadas formalmente” y permanecer “libres de discriminación” por causa de esas relaciones.¹ Su texto también sostiene que las relaciones amorosas, comprometidas y consensuadas entre más de dos adultos son cada vez más comunes.

Sin embargo, los críticos cuestionan tanto las implicaciones de la política como sus probables consecuencias. Brad Wilcox, profesor de la Universidad de Virginia e investigador sénior del Institute for Family Studies, afirmó que el reconocimiento legal podría “normalizar hogares donde los niños viven con adultos que no tienen parentesco con ellos por nacimiento o adopción”, algo que relacionó con mayores riesgos para los niños.¹ También argumentó que la ordenanza podría “allanar el camino hacia la poligamia”, que, según él, contribuye a la desigualdad de género y perjudica el bienestar infantil.

La tensión central, por tanto, tiene menos que ver con los beneficios legales inmediatos que con aquello a lo que podría conducir el reconocimiento simbólico. West Hollywood presenta la ordenanza como una salvaguarda limitada contra la discriminación; sus opositores la consideran el primer paso hacia una aceptación institucional más amplia de relaciones que, creen, podrían perjudicar a las mujeres y los niños. La medida entra en vigor 30 días después de su adopción.