El Tribunal Superior ha permitido la publicación de acusaciones contra David Walliams, rechazando un intento sin precedentes de utilizar el riesgo de suicidio como fundamento para una medida cautelar permanente. La sentencia enfrenta el bienestar inmediato de una persona con el derecho del público a conocer denuncias sobre presuntos abusos de poder.

The Guardian e ITV News afirman que su investigación conjunta reunió testimonios de primera mano de más de 30 fuentes. Varias mujeres alegan que Walliams utilizó su condición de celebridad para acercarse a mujeres jóvenes y adolescentes, incluidas dos que dijeron haberlo conocido por primera vez a los 15 años y que más tarde sintieron que habían sido captadas y manipuladas. Las acusaciones también incluyen denuncias de acoso laboral y de una relación inapropiada con una empleada subalterna.¹

Walliams niega haber cometido irregularidades. En una respuesta difundida por los medios, declaró: “No soy un depredador sexual. No he infringido la ley”, aunque reconoció que en ocasiones se había comportado de manera “irreflexiva” en relaciones sexuales ocasionales.¹ Sus abogados argumentaron que la publicación aumentaría considerablemente el peligro para su vida después de dos intentos de suicidio, y que su relación con su hijo podría verse gravemente dañada.⁴

La cuestión jurídica no era si las acusaciones eran ciertas, sino si el tribunal debía suprimirlas para proteger a Walliams en virtud de las disposiciones de derechos humanos relativas a la vida, la vida privada y familiar, y la protección frente a tratos inhumanos. El juez Nicklin aceptó que el riesgo de suicidio era “real, grave y estrechamente relacionado” con la publicación, pero concluyó que la responsabilidad por la seguridad inmediata de Walliams correspondía a los servicios psiquiátricos y no a la censura.⁴

La postura editorial de The Guardian es que el derecho de las mujeres a hablar y el interés público pesan más que la restricción propuesta. Sostiene que una medida cautelar habría “silenciado a los medios y a todos sus acusadores” y creado un precedente paralizante para el periodismo de investigación.² La preocupación contraria sigue siendo considerable: la publicación puede causar un daño personal profundo. Pero la sentencia traza un límite firme: el riesgo para la salud mental puede exigir atención y salvaguardias sin conceder automáticamente a una figura pública poderosa el control sobre la información relativa a una presunta conducta indebida.